Alerta roja por fuertes lluvias y reacciones decepcionantes: crónica de la negligencia política en Valencia
Llega la ayuda oficial por la DANA, pero su ineficiencia y tardanza permean en el estado de ánimo colectivo
César Lázaro, Jefe de la Sección Internacional / GETAFE
Más de una semana después, las inundaciones de la DANA han acabado por cobrarse más de 210 vidas y continúan habiendo dejado casi 30 desaparecidos en la Comunidad Valenciana. Además, han ocasionado incontables daños psicológicos y materiales que tardarán años en contrarrestarse; actualmente, las zonas afectadas sufren de un constante riesgo de desinformación, de epidemia, e incluso de actos de hurto y pillaje. Múltiples actores han ido asentándose para prestar auxilio humanitario en forma de rescate, limpieza o desescombro, pero hasta hace poco era evidente la carencia de ayuda oficial. Se discute que su pobre planificación y su tardía actuación hayan desenmascarado una grave incompetencia política en España.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió su primer aviso de la DANA el miércoles 23 de octubre, y fue actualizando regularmente sobre las condiciones previstas hasta declarar la alerta roja el martes 29 a las 07.31 horas. Ese mismo día, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) advirtió en numerosas ocasiones sobre la anormal crecida de los caudales; además, recomendó alejarse de riberas y barrancos a las 12.20 y evacuar a la población a las 18.10, teniendo en cuenta las extraordinarias circunstancias que se estaban desarrollando en las ramblas. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad Valenciana no emitió una alerta oficial sobre esta situación en los teléfonos móviles hasta pasadas las 20.10.
Siguiendo esta información, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como las Fuerzas Armadas han declarado haber ofrecido su ayuda "desde el primer momento". En una rueda de prensa realizada el pasado 4 de noviembre, el Jefe General de la Unidad Militar de Emergencias aseguraba haber preparado el Tercer Batallón de Intervención en Emergencias en tan sólo 15 minutos. Teniendo en cuenta las circunstancias, él tildaba de "correctos" los procedimientos utilizados y de "impecable" la capacidad de actuación demostrada. No obstante, la propia entrada de sus efectivos en la zona de emergencia se vio coartada en última instancia por no contar con la expresa autorización de la Generalidad Valenciana.
Conforme avanzan los días, más información sale a la luz sobre la supuesta negligencia de este gobierno regional durante el martes 29. En la última semana, su presidente, Carlos Mazón, ha culpado falsamente a la AEMET de haber comunicado sobre una remisión del temporal, así como a la CHJ de no haber informado con suficiente frecuencia sobre él y de haber desactivado las alertas una vez emitidas. Asimismo, se ha revelado que la consellera de Justicia e Interior rechazó hasta cuatro veces la ayuda del gobierno central durante la tragedia, impidiendo el despliegue generalizado de la UME. Finalmente, parece que la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) se demoró hasta las 17.00 horas; en ella, Mazón no hizo acto de presencia hasta las 19.30 y la consellera no tomó la decisión de enviar la alerta hasta que ya resultaba demasiado tarde.
Por su parte, la actitud del gobierno central parece haber estado caracterizada por una aparente solidaridad desentendida. Como ya se ha comentado, su ayuda fue ofrecida y rechazada por la Generalidad en numerosas ocasiones, pero el propio Ministro del Interior también rechazó una oferta temprana de sus tocayos francés, argentino y salvadoreño sobre el envío de bomberos y rescatistas. Casi una semana después de los momentos más graves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguía sin anunciar el envío de apoyo oficial y en su lugar declaraba: "si [los valencianos] necesitan ayuda, que la pidan". Esta filosofía ha sido criticada por su predecesor en el cargo, el expresidente Felipe González; él ya se enfrentó a un desastre natural en el País Vasco en 1982 y recientemente recordaba haber enviado a las Fuerzas Armadas en menos de 24 horas.
Durante los primeros días, los respectivos gobiernos de Mazón y Sánchez parecieron haber colaborado estrechamente. Sin embargo, conforme se han esclarecido algunos hechos, la temporal alianza ha ido materializando en una indiscutible tensión política. Al fin y al cabo, el primero se encuentra representado por el PP, que ha reiterado la necesidad de declarar un estado de emergencia nacional —por el cual le sería transferida la gestión de la crisis al segundo—. Mientras tanto, el segundo se encuentra encabezado por el PSOE, que rechaza la idea por la complejidad y los gastos que supondrían en la coordinación nacional. Sendas narrativas buscan justificar cada una de las posiciones individuales y, en última instancia, se teme que estén desatendiendo las necesidades urgentes de la población.
Según testimonios, los valencianos experimentaron desconcierto el 29 de octubre: muchos no tuvieron constancia de las advertencias hasta que las calles se habían inundado, y muchos otros no recibieron las alertas oficiales hasta que se acumulaban los cadáveres. Consecuentes denuncias de los vecinos expresaron impotencia durante los siguientes días frente a la tardanza de la ayuda oficial y la ineficiencia de las resoluciones políticas. Desde entonces, el pueblo ha visto materializada una rabia colectiva, primero en las redes sociales y recientemente en las reclamaciones públicas. Más de 130.000 personas se reunieron el pasado 9 de noviembre en Valencia para demandar la rendición de cuentas y la dimisión de los funcionarios políticos. Para bien o para mal, estos movimientos, acabarán por demostrar resultados en los próximos días, pues la AEMET ya ha comenzado a emitir alertas sobre una nueva DANA este noviembre.